Durante décadas, Paraguay fue señalado internacionalmente como un territorio marcado por el narcotráfico, el tráfico de armas y el sicariato. Sin embargo, en los últimos años, el país ha logrado construir una narrativa distinta: la de un espacio universitario que gana respeto y credibilidad en la región y más allá.
Este contraste entre la vieja etiqueta de “ruta del crimen” y la nueva identidad de “país universitario” explica la indignación que generaron las recientes declaraciones de la senadora Blanca Ovelar, quien calificó a las facultades privadas de Medicina como un “negocio infame y criminal”.
Las universidades privadas reaccionaron con firmeza. A través de un comunicado titulado “No somos criminales”, la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay rechazó lo que consideran afirmaciones injustas y basadas en prejuicios.
El documento subraya que estas instituciones han sido protagonistas en la transformación del país, contribuyendo a posicionar a Paraguay como un referente académico y un destino atractivo para la inversión educativa.
Además, recuerdan que el sector genera miles de empleos, desde docentes y médicos hasta personal administrativo y de servicios.
El malestar no es menor: trabajadores del ámbito educativo advierten que este tipo de declaraciones no solo afectan la credibilidad del sistema universitario, sino que también ponen en riesgo fuentes de trabajo y dañan la imagen internacional del país. En un contexto donde Paraguay busca consolidarse como un polo académico, la descalificación política puede tener efectos contraproducentes en la percepción externa.
El comunicado reconoce que la educación médica requiere mejoras constantes y controles rigurosos, pero insiste en que cualquier irregularidad debe investigarse de manera puntual, sin generalizar ni estigmatizar a todo el sector.
En otras palabras, la crítica debe ser constructiva y orientada a fortalecer la calidad, no a debilitar la confianza.
La polémica abre un debate más amplio: ¿qué país quiere ser Paraguay? ¿Uno que se mantenga atado a los viejos estigmas de violencia y crimen, o uno que se proyecte como un centro universitario capaz de formar profesionales competitivos y de atraer estudiantes extranjeros?
La respuesta parece clara para quienes defienden la educación privada: el futuro del país depende de consolidar su credibilidad académica y de abandonar definitivamente las etiquetas que lo reducen a una “ruta del narcotráfico”.
En definitiva, lo que está en juego no es solo la reputación de las universidades privadas, sino la imagen de Paraguay como nación.
La discusión debería orientarse hacia un debate serio, con datos y propuestas, que permita fortalecer el sistema educativo y consolidar al país como un referente académico regional.
Porque si Paraguay logró pasar de ser visto como un territorio de crimen organizado a un país universitario, no puede permitirse retroceder por declaraciones que, lejos de construir, amenazan con deshacer lo avanzado.
